¿Qué es una Constitución ?

¿Qué es una Constitución?

 Las reformas políticas de 1993 y 1996 ejemplifican como pocas el carácter trunco y errático de nuestra transición hacia la democracia. Se trata, en varios sentidos, de un estatuto provisional en el que prevalecen las reglas no escritas sobre las definiciones jurídicas precisas, subsisten numerosos vicios del antiguo régimen y queda pendiente una enorme tarea de expansión y organización ciudadana y de transformación institucional.

Primero, porque fueron fruto de un prolongado regateo en el que, si bien al final se alcanzaron decisiones políticas fundamentales, no acabaron de vencerse resistencias conceptuales y prejuicios provenientes de una tradición centralista y autoritaria. El mayor obstáculo fue el presidencialismo como vértice de una cultura política y la relación de origen patrimonialista entre el Ejecutivo federal y la circunscripción geográfica en la que habita.

Sus mayores virtudes fueron que el debate se situó desde el inicio en la lógica de la democratización. Antes que nada el rechazo a la anomalía que representaba la privación del derecho inalienable de los ciudadanos del Distrito Federal de elegir a sus gobernantes tan sólo por razones de domicilio o con el argumento de que éste coincidía con la sede de los poderes federales. La manumisión política de millones de personas por el prurito del control territorial de la capital desde la cúspide, se coaguló en 1928.

El otro alegato se fundaba en la contradicción insostenible entre la mayoría política manifestada en la ciudad y la designación de sus gobernantes por el partido localmente minoritario. En efecto, la izquierda había arrasado en la capital desde 1988 y resultaba por lo mismo que los senadores, diputados federales y locales de la ciudad éramos mayoritarios mientras el Ejecutivo federal mantenía el mando político y administrativo a través de un regente designado al margen del sufragio ciudadano.

La gobernabilidad del Distrito Federal era por definición precaria y sólo podía sostenerse en la cooptación, la represión y el diálogo de sor-dos. El empate de las mayorías, entre el legislativo y el ejecutivo de la ciudad, era una determinación ineluctable que sin embargo fue erosionada en la otra parte de la ecuación; esto es, la relación entre los poderes locales y los federales.

Los acuerdos logrados en la Mesa de reforma política del Distrito Federal el 25 de julio de 1996 fueron modificados, al trasladarse a la ley, en puntos fundamentales. Nunca se pactó, por ejemplo, la concurrencia del Ejecutivo federal en el nombramiento del Procurador y del Jefe de Seguridad y —la más grave de las alteraciones— se invirtió el régimen competencial. En el punto primero convenimos que los poderes de la Unión tendrían en el Distrito Federal las atribuciones que la Constitución les confiriera, con lo que adoptábamos el sistema previsto en el artículo 124 para las demás entidades de la República. No obstante, en la fracción I del apartado B del artículo 122 se consagró el principio contrario.

De ahí deberíamos partir en este nuevo episodio de la Reforma del Estado. Habría que revertir el estatuto de soberanía limitada que arbitrariamente se dispuso y reconocer al Distrito Federal los mismos derechos y obligaciones establecidos para el resto de los componentes de la Federación. Para ello no hay ruta más sencilla que su conversión en el Estado 32 de la Unión, tal como lo propusimos desde el programa del Frente Democrático Nacional en 1988.

 

Ello no sería incompatible con su carácter histórico de Ciudad de México y de sede de los poderes federales, aunque podría pensarse en una nueva denominación para la entidad y en el perímetro que sería su capital. Tampoco podría archivarse el antiguo sueño de trasladar los poderes de la Unión a otra ubicación en la República, como eje de una vigorosa política para combatir en todos los ámbitos el pernicioso y tenaz centralismo mexicano. Terminarían de paso los ancestrales conflictos de autoridad en esta noble y pugnaz Tenochtitlan.

La erección del Distrito Federal en Estado de la Unión condenaría prácticamente a la extinción al actual artículo 122 de la Constitución. La nueva entidad se regiría en sus relaciones con la Federación por las mismas disposiciones aplicables a las demás entidades, incluyendo desde luego el régimen municipal y el derecho inalienable de los ciudadanos y sus representantes para dictarse su propia Constitución.

Hace largo tiempo milito a favor de un federalismo asimétrico que se haga cargo de las diferencias notorias que existen entre las entidades y les otorgue un margen de acción mucho mayor para construir sus instituciones conforme a sus singularidades demográficas, económicas, políticas y culturales. Rechazo la sumisión mental a los mismos cartabones predeterminados, tratándose de geografías distintas. Prefiero los sistemas autonomistas o provinciales a los federalismos rígidos y aún más a los simulados.

En todos los Congresos del país he preconizado la adopción de nuevas constituciones, que abandonen el patrón tradicional de leyes reglamentarias de la Constitución Federal. Los he alentado a innovar e incluso a desafiar restricciones. Con mayor razón lo hago en esta mi entidad natal, cuyas peculiaridades son tan notorias que hacen recordar las ciudades-estado en las que incubó la democracia clásica y la noción misma de ciudadano.

 

Todas sus nuevas instituciones debieran tener un perfil correspondiente a sus peculiaridades y a su vocación de modernidad política. Comenzando por sus ayuntamientos, cuyos componentes esenciales no podrían ser distintos a los que proponemos para todos los de la República. Que se les asuma como la expresión original de la soberanía popular y el asiento ciudadano del poder público y no las demarcaciones en que se dividen nuestras entidades, como lo sugiere la redacción aberrante del artículo 115. Cuando menos eso merece la memoria del síndico Francisco Primo de Verdad.

Por su propia naturaleza los municipios de las grandes ciudades obedecen a regulaciones peculiares, porque en rigor son parte de una conurbación. Pueden así ajustarse sus competencias y por consiguiente sus regímenes fiscales y administrativos. Pero han de caracterizarse por su empeño en mantener, acrecentar y recuperar en su caso las identidades, así como en promover el más alto grado posible de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos.

 

La Constitución de la nueva entidad debiera estar presidida, a mi entender, por una carta de derechos ciudadanos, como se ha hecho en otros casos similares, particularmente el de Buenos Aires. Más allá de los derechos genéricos del hombre —civiles, políticos, económicos, so-ciales y aquellos llamados de la tercera generación— están aquellos específicos que consagran el derecho a la ciudad y las prerrogativas de sus moradores; la mayor parte estipulados también en la legislación internacional.

 

El objetivo último de toda transición democrática, y al mismo tiempo la condición para la plena vigencia del nuevo régimen, es la creación de ciudadanía. En este caso, la reconstrucción de la polis; la generación de un dilatado ámbito comunitario en el que coincidan y se integren las substancias y manifestaciones de la cultura, la política, la comunicación y la convivencia cotidiana. El incesante desarrollo de es- pacios y bienes públicos, por definición compartidos desde la igualdad cívica y republicana.

 

Identifico tres persistentes rémoras que se oponen a esta mutación: la intermediación burocrática, el clientelismo y la anemia de las instituciones locales. Domeñada por siglos de vasallaje en esta comarca no existieron ciudadanos, sino súbditos sometidos a la cuadrícula de los poderes civiles, religiosos y étnicos. Todo ascenso era un favor y todo privilegio estaba sujeto a la compraventa y al disimulo.

De esta suerte, el cargo público, la milicia o la mendicidad que se arrastraba en los pórticos de los conventos fueron las vías para afirmar la existencia biológica y social. Todo lo contrario a la prosapia heroica que conquistó, en las ciudades más señeras, el patrimonio moral de las libertades municipales y de las rebeldías comuneras.

Para ser ciudadano de una metrópoli democrática habrá que ser libre de las corporaciones, las tribus y los prejuicios, pero también de la miseria y de la ignorancia masificada. El poder habrá de ser en verdad justo, la administración profesional y la política participativa.

Habrá que inventar instituciones a la medida de la ciudad, de manera que los ciudadanos sean la medida de sus instituciones.

 

Derivado de ello, la pertinencia de las reflexiones que elabora Alejandro Rojas Díaz Durán en esta obra, quien al coordinar los trabajos de la Comisión Redactora de la Constitución del Distrito Federal, instalada por el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, da un nuevo impulso a la lucha por la autonomía y libertad de la Ciudad de México, que esperamos definitiva y concluyente, expresada en nuestra máxima carta de derechos fundamentales y cimiento de una Constitución política de la Ciudad de México.

 

Se trata, en última instancia, de una hazaña de independencia respecto de las potestades centralistas, de afirmación de nuestras raíces locales y de genuina autodeterminación popular. Así entiendo el espíritu de una Constitución para esta matria anahuaquense, por tanto tiempo sacrificado en aras de una patria nacional.